Distrito Nacional, República Dominicana.– Ingrid Altagracia Jorge Pérez, conocida públicamente como “La Torita”, enfrenta un proceso judicial tras ser acusada de difamación pública en perjuicio del procurador adjunto Iván Vladimir Féliz Vargas. Como parte de las medidas solicitadas por el Ministerio Público, se contempla la imposición de una garantía económica de un millón de pesos, impedimento de salida del país y presentación periódica ante las autoridades competentes.
El origen del caso se remonta al 2 de abril de 2025, fecha en la que Jorge Pérez realizó publicaciones a través de sus canales digitales (@ingridjorge, @controlandolamanana69 y La Tora TV). En dichos espacios emitió declaraciones en las que vinculaba al funcionario con diversos procesos judiciales de alto nivel, lo que generó una fuerte repercusión pública.
Las publicaciones, sin embargo, no quedaron limitadas a señalamientos generales. Según la acusación, se incluyeron afirmaciones relacionadas contráfico de sustancias, referencias a videos íntimos, presunta protección de testigos y otros señalamientos de carácter grave, los cuales fueron ampliamente difundidos por medios sociales y compartidos masivamente.
La Procuraduría Especializada contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (PEDATEC), representada por el fiscal Miguel Antonio Pichardo Ramírez, formalizó la solicitud de medidas cautelares. Uno de los argumentos centrales del expediente es que Jorge Pérez, hasta el momento, no ha retirado los contenidos señalados como difamatorios, y mantiene una actividad constante en redes sociales que podría interferir con el proceso.
Entre las pruebas recolectadas se incluyen informes forenses digitales, capturas de pantalla, análisis periciales y videos, que, según las autoridades, vinculan directamente a la comunicadora con la creación y difusión de las publicaciones en cuestión. Estas pruebas han sido incorporadas formalmente mediante la orden judicial No. 0024-MAYO-2025, autorizando la preservación legal del contenido difundido.
Féliz Vargas ha manifestado, a través de una declaración oficial contenida en el expediente, el impacto personal y familiar que esta situación ha generado. “Esto no es libertad de expresión, es un ataque premeditado que busca destruir mi vida y carrera”, expresó. También se documenta el efecto que ha tenido en su hija de 13 años, quien ha enfrentado comentarios ofensivos en su entorno escolar.
De acuerdo con los artículos 21 y 22 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, la difamación digital conlleva sanciones que incluyen hasta un año de privación de libertad y multas equivalentes a 500 salarios mínimos.
El tribunal tiene un plazo de 48 horas para decidir si acepta las medidas solicitadas: garantía económica por RD$1,000,000, entrega de pasaporte y presentación periódica ante las autoridades. Mientras tanto, el caso sigue generando reacciones públicas y debate en las plataformas digitales.