
San Juan, Puerto Rico El reconocido artista urbano puertorriqueño Ramón Luis Ayala Rodríguez, conocido mundialmente como Daddy Yankee, radicó este miércoles una moción ante el Tribunal de San Juan para solicitar la disolución de varias corporaciones y entidades empresariales que mantiene en sociedad con su exesposa, Mireddys González.
Según detalla el documento presentado por los abogados del artista, la solicitud responde a “diferencias irreconciliables” entre ambas partes, las cuales imposibilitan continuar con la relación comercial. La moción subraya que ya “no existe una base de confianza ni comunicación” que permita sostener estas sociedades de manera funcional.
Entre las entidades cuya disolución se solicita se encuentran Green Wall Luxury, Crabby Cottage, Los Cangris y C & C Artistic Management. El artista ya había recuperado previamente el control de las corporaciones El Cartel y Los Cangris, donde, según alegó, identificó “deficiencias severas en la gestión administrativa” que hicieron inviable su continuidad operativa. Estas circunstancias llevaron al intérprete de reguetón a cesar sus servicios artísticos a dichas empresas.
Actualmente, González mantiene el control total de Green Wall Luxury, Crabby Cottage y C & C Artistic Management, incluyendo sus operaciones, activos e ingresos, según afirma la moción. Daddy Yankee asegura no tener visibilidad ni acceso a la información financiera de estas entidades, algunas de las cuales manejan cerca de una decena de propiedades inmuebles, cuyos ingresos tampoco han sido reportados al artista.
Además, se indica que González disolvió una de las compañías bajo su presidencia, Kong Hambre LLC, al considerar que ya no existía un propósito comercial para su operación. Por su parte, El Cartel, una de las empresas clave en la carrera del reguetonero, también fue disuelta recientemente.
La solicitud se ampara en la Ley General de Corporaciones de Puerto Rico, que permite a cualquier accionista de una empresa compuesta por dos socios solicitar su disolución si no existe acuerdo entre las partes para continuar con la operación de manera conjunta ni sobre la disposición de los activos.
Esta acción se produce meses después de que la pareja iniciara el proceso de divorcio en diciembre de 2024, tras más de dos décadas de matrimonio.