La propuesta busca prevenir tragedias como la del Jet Set mediante supervisión técnica periódica.
La diputada oficialista Lidia Pérez, hermana del fallecido merenguero Rubby Pérez, aseguró que no descansará hasta lograr que se apruebe una ley que exija la supervisión e inspección periódica de edificaciones ya construidas en el país.

El objetivo es prevenir tragedias similares a la ocurrida recientemente en la discoteca Jet Set. La legisladora explicó que su propuesta nace ante la falta de una normativa legal que exija el mantenimiento y la fiscalización estructural de edificios antiguos o en uso continuo.
Señaló que esta situación representa un vacío legal que debe ser atendido con urgencia. “En la República Dominicana no existe ninguna ley que obligue a inspeccionar las infraestructuras que ya están construidas.
Tenemos una ley de 1982 que regula las obras en construcción, pero no una que supervise lo que ya está hecho”, denunció Pérez.

La tragedia del Jet Set, ocurrida hace un mes, provocó la muerte de su hermano Rubby Pérez y de otras 232 personas. Además, el suceso dejó un saldo de 154 heridos. Este hecho cambió radicalmente su vida y motivó la presentación de la iniciativa legislativa.
Pérez reveló que actualmente existen al menos cuatro propuestas legislativas similares en curso. Planteó que todas sean unificadas en comisión para crear una sola ley efectiva. Aseguró que no busca protagonismos, sino resultados concretos para la seguridad ciudadana.

“Lo que queremos es que se apruebe una legislación preventiva que evite que tragedias como la que vivimos vuelvan a suceder. Es lamentable que sea desde el dolor, pero esta pérdida nos ha impulsado a actuar”, afirmó con firmeza.
La diputada destacó que sus colegas en la Cámara de Diputados han mostrado apertura y voluntad para respaldar la propuesta. Dijo que la conmoción nacional tras la tragedia ha fortalecido el compromiso colectivo con esta causa.
El proyecto contempla inspecciones técnicas regulares a edificios de uso público, enfocadas en verificar la seguridad estructural. También establece la exigencia de certificaciones oficiales para garantizar que cada estructura cumpla con condiciones adecuadas.

“Este proyecto busca asegurar la calidad de las infraestructuras de influencia pública. Deben estar debidamente certificadas, como una garantía de seguridad para todos los ciudadanos”, sostuvo Pérez.
Además, la iniciativa otorga facultad a las autoridades para ordenar el cierre inmediato de edificaciones que no cumplan los requisitos mínimos de seguridad. El propósito es prevenir nuevas catástrofes por falta de acción estatal.